El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que el Gobierno presentó 16 querellas contra 34 personas por las acciones generadas contra el normal desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y añadió que fue invocada la Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
La acción judicial está enfocada en los dirigentes estudiantiles que «incitaron y promovieron» desórdenes durante la rendición del examen de ingreso a educación superior y entre los denunciados con nombre aparece el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau.
«No nos sorprende que este Gobierno violento intente justificarse mediante querellas», reaccionó el vocero de la ACES tras el anuncio de La Moneda.
Chanfreau -quien hace poco cumplió la mayoría de edad- sostuvo que «34 querellas no van a parar la movilización y que si lo van a intentar de esa manera, se van a tener que querellar contra el pueblo completo, porque somos todos quienes hemos salido a las calles a reclamar por nuestros derechos y, además, por esta demanda histórica del movimiento estudiantil».
Desde la ACES no han decidido si van a boicotear un eventual segundo proceso de PSU, lo cual definirán en una futura reunión.
Mientras que este jueves, el Consejo de Rectores (Cruch) definirá la fecha, el cuándo, el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la prueba que permite el acceso a la educación superior.
En tanto, el Consejo Nacional de Educación (CNED) hizo un «llamado urgente» para salvar el proceso de admisión a la educación superior, asegurando que «la protesta no puede matar el futuro de miles de jóvenes«.
Mediante un comunicado, admiten que la PSU «ha sido objeto de críticas fundadas en argumentos técnicos», pero que los hechos ocurridos son «graves y no pueden sino ser rechazados pues afectan los derechos y la libertad de los estudiantes, su tranquilidad sus aspiraciones, esperanzas y sueños, así como los de sus familias».
Frente a esta situación, piden diseñar en lo inmediato «una estrategia para asegurar a los estudiantes que participan del proceso la transparencia, validez y confiabilidad del actual instrumento y sus resultados«.
«Este debiera ser un compromiso de todos y especialmente del Consejo de Rectores. Esperamos que dicho organismo genere los mecanismos necesarios para garantizar a los estudiantes que no pudieron rendir todas o algunas de sus pruebas, que lo hagan en las mejores condiciones para que así estos puedan continuar su trayectoria formativa», añaden en el texto.
